El Gobierno prepara una serie de medidas para evitar los cortes de luz en los próximos veranos a partir del desembolso de inversiones millonarias por parte del sector privado. En las próximas semanas lanzará convocatorias a licitaciones para sumar capacidad de generación eléctrica, ampliar las redes de transmisión y el almacenamiento de energía en baterías de litio para que las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, tengan disponible en los momentos del pico de consumo.
La intención de la Secretaría de Energía, a cargo de María del Carmen Tettamanti, es presentar estas licitaciones entre enero y febrero. Pero el tiempo de maduración de las inversiones no baja de los 12 meses, por lo que recién el sistema eléctrico se vería fortalecido a partir del verano de 2026.
La robustez de la oferta de energía depende de varios factores: la disponibilidad de las máquinas térmicas, que usan gas, gasoil o fuel oil; la cantidad de agua que pueden turbinas las represas hidroeléctricas; los mantenimientos de las centrales nucleares, donde Atucha I estará fuera de servicio al menos hasta inicios de 2027; la presencia de viento y sol para generar energías renovables; la capacidad de importación desde países vecinos y el estado de las redes de transmisión eléctrica desde su origen hasta los centros de consumo.
Asimismo, la demanda es sensible principalmente a las temperaturas extremas y a las tarifas. Por eso el Gobierno quiere operar sobre todo lo que esté a su alcance para que no haya déficits de oferta o estímulos innecesarios a la demanda.
La licitación para el almacenamiento de electricidad sería la primera que se publique en el Boletín Oficial, posiblemente en la primera quincena de este mes. Será por entre 400 a 500 megavatios (MW) de potencia que se usarán durante las 4 horas de pico de consumo y los compradores –offtakers– serán Edenor y Edesur, con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa, formada por el Estado nacional y los actores privados) como garante. A modo de comparación, el AMBA utiliza unos 12.000 MW en los momentos récord de demanda.
Las baterías estarían disponibles recién para el comienzo de 2026 o mediados de ese año y es una opción más cara que las tradicionales, como centrales de generación, pero servirá a varios fines: reforzar el sistema más temprano que con nuevas máquinas térmicas, que recién podrían estar listas para 2027 o 2028; y establecer un mecanismo para el retorno de los contratos a mediano y largo plazo entre privados, con el Estado corriéndose del medio como interventor y planificador.
Energía también quiere sumar generación termoeléctrica en los «nodos críticos», principalmente en los centros de consumo como Buenos Aires, «en el mercado de un plan de transición hacia la contractualización entre privados», para la que este mes se darían a conocer una serie de medidas de liberación del mercado mayorista. En cualquier caso, la construcción de nuevas centrales o instalación de máquinas térmicas -disponibles en mayor cantidad de horas que las renovables- tardan no menos de 24 meses.
El año pasado el ex secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, primero postergó y luego suspendió una licitación que habían adjudicado a fines de 2023 su antecesora Flavia Royón y el ex ministro y candidato a presidente Sergio Massa, por entender que esas centrales eran «caras» y sus contratos de abastecimiento a largo plazo con Cammesa obstaculizaban la liberación del mercado a los privados.
Otra traba que tiene el mercado para llegar a un esquema de contratos entre privados es que las generadoras como Central Puerto, Pampa Energía, YPF Luz, AES, Enel, Albanesi y MSU necesitarán comprar de manera directa el combustible a las productoras como YPF, Total, PAE, Tecpetrol, Pampa, Pluspetrol y Harbour Energy, que hoy se lo venden a Cammesa y luego lo distribuye a las centrales.
Con un mercado entre privados podrían bajar los precios del gas y de la electricidad. Pero las petroleras armaron planes de inversiones y tomaron deuda basados en contratos con el Estado (Plan Gas) hasta el 31 de diciembre de 2028, que funcionan como «derechos adquiridos» y son inviolables para el Gobierno, que busca la manera de poner garantías y acelerar su plan.
Asimismo y por último, la Secretaría de Energía descartó el cobro de un cargo fijo en las tarifas para financiar por adelantado obras de transmisión eléctrica. La licitación para ampliar las redes se hará a riesgo privado, que cargará en sus precios el costo de financiamiento que deberá buscar y luego se trasladará a las tarifas en un plazo mayor que los 24-36 meses originales.
Con mayor capacidad de transporte de energía el AMBA podrá traer desde la Patagonia y el interior de Buenos Aires más que los actuales 7.000 MW de generación térmica y eólica.