Vivimos en una era en que los cambios tecnológicos son tan vertiginosos que casi en un abrir y cerrar de ojos los tenemos incorporados, naturalizados. Con una pandemia de por medio, se apuró como nunca las innovaciones digitales.
Los saltos que hemos dado nos abren un escenario aún más impetuoso que nos interpela personal y colectivamente hacia dónde vamos, cómo nos adaptamos y qué riesgos corremos en el uso de estas nuevas herramientas sustitutivas, como tales, de toda labor humana.
Acá hay que aclarar que nadie está en contra de los avances tecnológicos, todo lo contrario. Pero ante tanto vértigo (de lo incorporado en tan poco tiempo y en particular de lo que se viene, también en el ya) uno se resetea. Es un parar la pelota, reflexionar y buscar respuestas ante la vieja incertidumbre de lo nuevo, que se reactualiza en un eterno bucle.
Hay un sector que es importante y a la vez es uno de los escenarios en que se puede mostrar todo esto que está sucediendo en materia tecnológica y que es un terreno que impacta o impactará a todos en mayor o menor medida. Es el ámbito de la Justicia.
Para eso, se consultó a especialistas que están trabajando constantemente en auscultar el escenario, compartir conocimientos y desarrollar una materia clave: la capacitación.
Muchos cambios operaron y operan en tan poco tiempo en el proceso judicial y alcanza a todos los operadores de Justicia y a los propios justiciables. El uso de Inteligencia Artificial (IA) va en expansión en cada rincón, pero ¿hay que trazar límites?
Para Gabriel Hernán Quadri, sí. “El límite radica en la toma de decisiones judiciales. La IA no puede sustituir la valoración jurídica ni el razonamiento humano que involucran principios éticos, interpretaciones normativas y un análisis contextual que las máquinas no pueden replicar plenamente”, dijo el abogado, docente, juez de Cámara de la Provincia de Buenos Aires y especialista en la materia como integrante del Foro de Derecho Procesal Electrónico.
“La incorporación de la IA debe estar orientada a tareas repetitivas o de análisis de datos dejando las decisiones sustanciales en manos humanas”, remarcó.
¿Cuáles son hoy los desafíos del Poder Judicial frente a las nuevas tecnologías?
Desde mi punto de vista, el desafío más significativo es lograr una integración efectiva de las tecnologías de manera sistemática, sin perder de vista las garantías constitucionales, los derechos humanos y los principios fundamentales del derecho procesal, como la imparcialidad, la transparencia y el debido proceso.
Esto implica capacitar a los operadores judiciales, asegurar la infraestructura adecuada y garantizar la accesibilidad para todas las personas involucradas.
Quizás el mayor desafío sea analizar cómo aprovechar todo lo que implica la tecnología para mejorar el servicio de justicia, ampliar el acceso, hacerla más efectiva y reducir sus costos operativos. Incluso teniendo en cuenta que, muchas veces (si no todas), la regulación corre por detrás de la innovación, y esto plantea grandes dilemas, por ejemplo, cuando un juez puede valerse de una tecnología para mejorar la forma en que se está prestando el servicio y se encuentra con que falta la normativa para darle sustento a dicho accionar.
Esto pasó mucho, por ejemplo, con las notificaciones por mensajería instantánea y hoy lo estamos viendo con todo lo que implica la asimilación de las tecnologías de inteligencia artificial generativa para llevar a cabo actividades propias de lo jurisdiccional.
¿Y los riesgos?
Mientras tanto, creo que los riesgos principales son la brecha digital, que puede aumentar la desigualdad en el acceso a la justicia, y el uso indebido o sesgado de herramientas tecnológicas, especialmente aquellas basadas en inteligencia artificial (IA), que pueden reproducir o amplificar discriminaciones existentes o hacer que algunas personas deleguen, indebidamente, sus competencias funcionales en sistemas que no están pensados, justamente, para asumir semejante tarea. Como le decía el tío Ben a Peter, y me gusta citarlo siempre, hoy tenemos un gran poder, pero también una gran responsabilidad.
¿Cuál cree que es el principal cambio que debe darse en la Justicia con la aplicación de estas herramientas tecnológicas para mejorar el acceso y el servicio?
El cambio esencial es la adopción de un enfoque centrado en el usuario, es decir, pensar en las personas que acceden al servicio de justicia. Esto incluye simplificar los procedimientos, desarrollar interfaces intuitivas, garantizar la interoperabilidad entre sistemas y promover la alfabetización digital tanto de los ciudadanos como de los operadores judiciales. Además, la incorporación de la IA debe estar orientada a tareas repetitivas o de análisis de datos, dejando las decisiones sustanciales en manos humanas.
¿En qué procesos se puede aplicar Inteligencia Artificial?
Con respecto a justicia, la IA tiene un amplio campo de aplicación en procesos judiciales, especialmente en tareas administrativas como la clasificación de documentos o la gestión de agendas.
Todo lo que implique una tarea repetitiva o seriada puede ser un campo fértil en este sentido. De hecho, existen muchas jurisdicciones donde se está explorando su uso en ejecuciones fiscales o procesos más bien documentales.
También puede ser útil en la etapa probatoria, por ejemplo, a la hora de sentarse a trabajar con dictámenes periciales.
Creo que nada impediría que los sistemas de inteligencia artificial den respuesta a peticiones menores, o de mero trámite, siempre -por supuesto- con posibilidad de revisión humana (en este sentido, los Códigos Procesales contemplan recursos, como el de revocatoria, que podrían aprovecharse). E incluso al decidir cuestiones de fondo, asistiendo en la redacción de proyectos de resolución y documentos afines, también para buscar más claridad en el lenguaje judicial, entre otras posibilidades.
Sin embargo, es crucial limitar su intervención a áreas donde no comprometa el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir que la herramienta contribuya y asista al humano, pero sin sustituirlo ni delegarle tareas propias del juez.
Tecnología para fortalecer acceso
“Es importante destacar que la incorporación de tecnologías no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un medio para fortalecer el acceso a la justicia y garantizar un servicio más eficiente y equitativo”, resaltó Gabriel Hernán Quadri.
“Para ello -dijo-, es fundamental un debate interdisciplinario que incluya a juristas, tecnólogos y la sociedad en general, para diseñar soluciones que respeten los valores esenciales del sistema judicial”.
Además, “hoy en día, vemos más fallos judiciales y decisiones que se refieren a la cuestión y que se van ocupando de cómo vamos a asimilar la tecnología que llega al proceso judicial, en los tiempos venideros”.