La inscripción de Mauro Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios tras el reclamo judicial de Wanda Nara, pone nuevamente en el centro de la escena un tema que trasciende lo mediático: las consecuencias legales del incumplimiento de las obligaciones alimentarias con los hijos y su impacto como forma de violencia económica.
A este caso, se suma el de L- Gante que no pudo salir el país, por la misma falta. Por ello, desde minutouno.com hablamos con Michelle Curé, abogada de García Vautrin Condomí Alcorta & Asociados, para conocer más a fondo de qué se habla realmente cuando mencionamos estos términos.
¿Cómo es el sistema del Registro de Deudores Alimentarios?
El Registro de Deudores Alimentarios no es una amenaza vacía ni un trámite burocrático más. Es un sistema que puede paralizar la vida económica de quien figura en él. Para que una persona sea inscripta, debe existir una orden judicial específica que acredite el incumplimiento de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, previo a una intimación formal de pago.
«El registro no es un castigo moral, es una herramienta legal concreta que busca garantizar el derecho alimentario de los menores cuando los mecanismos tradicionales fallan», explicó Michelle. En el caso de figuras públicas esta inscripción adquiere una dimensión adicional: la exposición mediática amplifica las consecuencias reputacionales, pero las legales son las mismas para cualquier ciudadano. No importa si sos futbolista, empresario o empleado: las reglas son iguales para todos.
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Mauro Icardi, junto a sus hijas Francesca e Isabella.
Las consecuencias, más allá de lo económico
Estar en el Registro de Deudores Alimentarios no es solo una cuestión económica. Es quedar inhabilitado para realizar una serie de trámites que son parte de la vida cotidiana de cualquier adulto. No se puede obtener un crédito, abrir una cuenta corriente, solicitar una tarjeta de crédito ni tampoco renovar la licencia de conducir de manera definitiva.
La normativa es particularmente estricta con las licencias de conducir: se otorga una habilitación provisoria de apenas 45 días para que el deudor regularice su situación. Si no lo hace, pierde el derecho a manejar legalmente. Para alguien como Icardi, que reside entre diferentes países y maneja vehículos de alta gama, esta restricción puede ser especialmente complicada.
«El sistema está diseñado para generar incomodidad real en la vida del deudor. No se trata de estigmatización, sino de presión efectiva para que cumpla con sus obligaciones parentales», indicó Michelle Curé.
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Más que comida: el concepto amplio de «alimentos»
Cuando hablamos de «alimentos» en términos legales, no nos referimos únicamente a la comida. La obligación alimentaria comprende todo lo necesario para el desarrollo integral del menor: educación, vivienda, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento e incluso los gastos necesarios para que pueda formarse profesionalmente en el futuro.
Esta concepción amplia explica por qué las cuotas alimentarias pueden alcanzar montos considerables. En casos como el de familias de alto poder adquisitivo, los gastos de los menores incluyen colegios privados, actividades extracurriculares, viajes, tecnología y un nivel de vida acorde al estándar familiar previo a la separación.
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Números concretos para una realidad compleja
Desde 2023, muchos juzgados argentinos utilizan el Índice de Crianza elaborado por el INDEC para establecer montos mínimos de cuotas alimentarias. Los números son elocuentes: para junio de 2025, criar un niño de 1 a 3 años cuesta al menos $488.700 mensuales, mientras que un menor de 6 a 12 años requiere $517.364.
Estos montos incluyen no solo gastos directos, sino también el valor económico del tiempo de cuidado, calculado en base al salario de personal doméstico especializado en cuidado de menores. Es una forma de reconocer que criar un hijo implica trabajo, y ese trabajo tiene un costo económico real.
Sin embargo, la realidad judicial muestra que muchas cuotas se fijan por debajo de estos parámetros, generalmente entre el 20% y 30% del salario neto del progenitor obligado, dependiendo de su capacidad económica real.
La dimensión de género y la violencia económica
La Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres contempla el incumplimiento de la cuota alimentaria como una forma de violencia económica y patrimonial. No es una casualidad: estadísticamente, son las mujeres quienes quedan a cargo de los hijos tras las separaciones, y son ellas quienes deben multiplicar sus esfuerzos laborales para compensar el déficit económico.
«Cuando un padre no paga la cuota alimentaria, no solo incumple con sus hijos: también ejerce violencia económica sobre la madre, que debe absorber el impacto financiero de esa irresponsabilidad», cerró la abogada.
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