Córdoba será sede del llamado Parlamento del Clima, un organismo creado en 2017 que casi nunca funcionó. El 12 de septiembre sesionará en la Legislatura provincial, bajo la presidencia del oficialista Abraham Galo. La movida se enmarca en el impulso de la Agenda 2030, criticada por imponer regulaciones internacionales contrarias al interés nacional.
El lema oficial señala que las provincias “rinden tributo al Papa Francisco”, pero el trasfondo es político. El encuentro busca mostrar un bloque opositor al presidente Javier Milei, quien cuestionó la validez del Acuerdo de París. El oficialismo provincial pretende blindar la agenda ambiental progresista frente al sentido común del gobierno nacional.
La organización promete continuidad con tres sesiones anuales, algo nunca cumplido desde 2017. Córdoba y otras provincias firmaron ya un pacto climático en julio pasado, también en la capital provincial. Detrás de la retórica verde, lo que se busca es un espacio de poder paralelo al Estado nacional.
| La Derecha Diario
Provincias contra la Casa Rosada
Los organizadores apuntan a sostener la presencia argentina en la COP 30, en Brasil, aunque el Gobierno nacional decidió no enviar delegados. Legisladores provinciales y referentes de Sudamérica se reunirán para acordar una estrategia común. El mensaje central es que, si la Nación se aparta, las provincias se arrogan el rol de “representar” al país.
El contraste es evidente: mientras Milei busca limitar la burocracia internacional, Córdoba promueve acuerdos globales con fuerte carga ideológica. La agenda ambiental que impulsa la provincia responde más a ONGs extranjeras que a necesidades productivas locales. En nombre de la ecología se justifican nuevas trabas al campo y a la industria.
La insistencia en la Agenda 2030 aparece como un sello de identidad del progresismo provincial. Esa hoja de ruta impone regulaciones y metas que comprometen la soberanía de los recursos nacionales. Para Córdoba, el relato climático funciona como herramienta de confrontación política más que como política pública seria.
| La Derecha Diario
Agenda verde y costos ocultos
El oficialismo insiste en que el Acuerdo de París habilita financiamiento internacional. Sin embargo, esas líneas de crédito exigen condicionalidades que subordinan la economía local. Aceptar esas reglas significa ceder soberanía a organismos multilaterales.
El propio presidente Milei calificó la agenda ecologista como “fraude” y denunció la censura del consenso climático. La retirada de Argentina de foros irrelevantes como la COP 29 dejó claro que el Gobierno nacional prioriza los intereses productivos. Córdoba, en cambio, busca instalar un relato verde funcional al globalismo.
Los especialistas afines a la provincia presentan el ambientalismo como una oportunidad. En realidad, se trata de un modelo que castiga al sector privado con impuestos verdes, regulaciones y controles. El progresismo vende promesas de desarrollo sostenible que nunca llegan, mientras paraliza a los productores.
| La Derecha Diario
El trasfondo ideológico
En 2017, el Parlamento del Clima fue inaugurado con un único encuentro y nunca más funcionó. Hoy se lo desempolva con fines políticos, no ambientales. El oficialismo provincial pretende exhibirse como líder regional frente a un Gobierno nacional que recorta gastos y burocracia.
El uso político de la figura del Papa Francisco busca sumar legitimidad moral a una agenda progresista. En lugar de resolver los problemas locales de pobreza e inseguridad, la provincia dedica tiempo a promover pactos climáticos globales. El ambientalismo es la excusa perfecta para ocultar la falta de gestión.
El progresismo cordobés se aferra a un discurso internacionalista que atenta contra la soberanía económica. Mientras los productores luchan con impuestos, inflación y regulaciones, la Legislatura prepara discursos para foros globalistas. Córdoba se coloca así como bastión de la Agenda 2030, en abierta oposición al rumbo nacional.
| La Derecha Diario