La Ley de Emergencia en Discapacidad se ha convertido en uno de los puntos más sensibles y conflictivos de la agenda política argentina. Tras semanas de tensión, el Congreso logró revertir el veto presidencial impuesto por Javier Milei, marcando la primera derrota legislativa de su gobierno.
La norma, que busca regularizar el pago a prestadores, actualizar aranceles y garantizar el financiamiento de pensiones no contributivas, fue ratificada por la Cámara de Diputados y ahora espera su confirmación en el Senado. Ante este escenario, el Gobierno ya comenzó a diseñar una estrategia judicial para evitar su implementación.
La votación en Diputados fue contundente: 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, dejando sin efecto el veto presidencial. La oposición logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley, lo que obligó al oficialismo a activar un nuevo frente: el judicial.
En la Casa Rosada se analizan dos vías posibles para frenar la norma: una es cuestionar la legalidad de la sesión legislativa, alegando que la convocatoria excede las atribuciones del Congreso; la otra, más probable, es denunciar la falta de previsión financiera para aplicar la ley.
El argumento central del Gobierno es que el Congreso no puede imponer normas que impliquen gastos sin garantizar las fuentes de financiamiento. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley oscila entre 0,25% y 0,45% del PBI, lo que representa cerca de tres billones de pesos.
En un intento por suavizar el rechazo social, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno “está considerando” un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Según explicó, esta medida sería posible gracias a los ahorros obtenidos tras auditar pensiones por invalidez mal otorgadas.
La Justicia entra en escena
El conflicto ya ha llegado a los tribunales. En un fallo reciente, el Juzgado Federal de Campana declaró inválido el veto presidencial en un caso puntual, tras un amparo presentado por los padres de dos niños con trastornos del desarrollo. El juez Adrián González Charvay argumentó que el veto representaba una “discriminación evidente hacia las personas con discapacidad” y que vulneraba compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Aunque el fallo tiene alcance limitado, marca un precedente judicial que podría abrir la puerta a nuevos reclamos en todo el país. El magistrado apeló incluso a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera el cuidado como un derecho humano esencial y exigible para quienes se encuentran en situaciones de alta dependencia.
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