«El gobierno tiene que tener las herramientas para gobernar» repitieron, entre enero y junio de 2024, una variada gama de legisladores oficialistas y “opositores”, con el objetivo de justificar su voto a favor de la Ley Bases. «Vamos a acompañar las cosas buenas, lo que perjudique a la gente no», agregó uno de ellos. Un año después de la sanción y entrada en vigencia de la oficialmente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», resulta oportuno analizar que pasó y cómo impactó en la vida de los argentinos. A continuación, un análisis en cuatro dimensiones: cuántas fueron las reformas impulsadas, cuál fue el impacto de las facultades delegadas, cuál fue el objetivo de las privatizaciones y cuáles fueron los resultados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Casi una reforma constitucional. La Ley Bases habilitó una delegación legislativa sin precedentes, permitiendo que el Poder Ejecutivo dicte 157 normas con rango de ley entre diciembre de 2023 y julio de 2025: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se apoyan en el Título II de la Ley Bases (Reforma del Estado). Este volumen refleja un sensible vaciamiento del rol del Congreso y su rol a la hora de debatir las leyes.
Facultades delegadas: reformas en clave regresiva. Apenas votada la ley, el gobierno designó, como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, a Federico Sturzenegger, para el desguace del Estado. Desde ese momento, el nuevo ministro impulsó la eliminación de organismos, programas, fondos fiduciarios, desvinculaciones laborales, etc. Para ilustrar la regresividad distributiva de sus decisiones vale remarcar:
- La eliminación de al menos 20 fondos fiduciarios, entre ellos los referidos a programas de viviendas y hábitat. Se eliminó el Procrear, el Plan de Vivienda Social e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana. A todo esto, se agrega el fin del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que se encargaba de financiar y ejecutar obras de agua potable y saneamiento a nivel nacional. No hubo ningún reemplazo de esta función estatal ni privados interesados en hacer viviendas ni red de agua potable en barrios sin conexión, afectando sensiblemente a sectores medios y bajos.
- Eliminó políticas que equiparaban la cancha entre actores con distinto poder relativo: eliminó la regulación de precios en garrafas, desreguló TICs y telefonía móvil y liberó el sector aerocomercial, la Marina Mercante y la tenencia de armas semiautomáticas. Esto supuso la retirada del Estado en la defensa del interés público, con impactos directos sobre consumidores, usuarios y seguridad.
- Como contrapartida, la reforma del Impuesto a los Bienes Personales representó un nuevo retroceso en la progresividad del sistema tributario argentino. Al reducir las alícuotas más altas (de 1,75% a 0,25% en 2027) y mantener inalteradas las más bajas, se benefició de manera desproporcionada a los patrimonios de mayor volumen, aplanando la pirámide tributaria, profundizada por la eliminación del diferencial de alícuotas entre bienes en el país y en el exterior.
Privatizaciones: sostener el modelo cambiario. La reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación —total, parcial o mediante concesiones— de buena parte de las empresas estatales. La versión original incluía 41 empresas, que se redujo finalmente a Energía Argentina S.A. (Enarsa), Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse); Corredores Viales, y la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y el Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Tal como anticipó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la intención del gobierno nunca estuvo relacionada con lograr mayor eficiencia en el funcionamiento de las empresas públicas. El ejemplo más ilustrativo fue el Banco Nación que, luego de haber quedado fuera del listado de Ley Bases, fue promovido a sociedad anónima, incluso cuando su balance mostraba excelentes resultados.
El objetivo real siempre fue financiar un esquema de dólar barato, tal como sucedió en los noventa. Así lo expuso Luis Caputo el 2 de julio de 2025, en una conferencia en la Universidad Austral: “la estrategia de acumulación de reservas por parte del Tesoro estará asociada a privatizaciones, venta de activos y concesiones”. Los abogados suelen decir que a confesión de parte, relevo de pruebas.
RIGI: un fracaso anticipado. Uno de las principales apuestas del gobierno fue el Régimen de Grandes Inversiones, programa extremadamente generoso en materia impositiva, liquidación de divisas en el país, generación de empleo, agregado de valor y resolución de controversias.
De los 5 proyectos aprobados (de un total de 14), 3 de ellos ya existían antes de la sanción del régimen, a saber, Parque Solar El Quemado, Vaca Muerta Oleoducto Sur y Salar del Rincón. El proyecto de licuefacción de Gas Natural por parte de PAE y otros, vino a reemplazar la retirada de Petronas, también en carpeta, reemplazando una inversión de USD 30 mil millones con una de USD 3.000 millones.
El RIGI, en lugar de atraer capitales privados, sobre todo extranjeros, se apalancó con la petrolera de mayoría estatal, YPF, la empresa que Milei quería privatizar en la versión original de la Ley Bases. Del total de USD 16.514 millones que implican los 14 proyectos presentados hasta el momento, YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones. Esto representa el 58% del monto total previsto.
Las inversiones de magnitud prometidas en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) no sólo no se han concretado, sino que ese rubro del Balance Cambiario del Banco Central a mayo 2025 resultó negativo en USD 1.500 millones desde la asunción del Milei. Las empresas se van, no llegan. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real. Además, la potencial liquidación de dólares resulta débil: los 5 proyectos aprobados significan un aproximado de USD 2.000 millones, con la obligación de desembolsar sólo 20% en los 2 primeros años. Peor aún, el RIGI habilita la libre disponibilidad de divisas desde el tercer año de los proyectos.
En materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también es deficiente: los 5 proyectos anunciados implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Este dato contrasta con los más de 130.000 puestos de trabajo registrado privado destruidos desde noviembre de 2023.
El repaso realizado a lo largo de esta nota permite ilustrar que los argumentos esgrimidos por el gobierno, al momento de impulsar la Ley Bases, nunca fueron parte de los objetivos buscados: ni las facultades ayudaron a vivir mejor al común de la gente, ni las privatizaciones buscaron eficiencia en las empresas, ni el RIGI apuntó a resolver los problemas de la economía argentina. Otorgarle herramientas arbitrarias a un gobierno decidido a destruir el Estado fue, a todas luces, un error no forzado.