Gustavo Cabello tenía 52 años. Murió este martes en Mar del Plata, en medio de la ola de frío que azota la ciudad. Su muerte, lejos de ser un hecho aislado, desnuda la violencia estructural que padecen las personas en situación de calle: la criminalización de la pobreza, el abandono y la represión cotidiana.
Gustavo trabajaba como cuidacoches, a unas veinte cuadras de la Municipalidad. En un acto de solidaridad, un vecino le había dado refugio en su garaje para pasar la noche, y otros se turnaban para facilitarle comida caliente. Sin embargo, no solo el frío hostigaba a Gustavo; según los vecinos que lo conocían, era constantemente perseguido por la patrulla municipal, que en varias oportunidades lo había golpeado y robado sus pertenencias. A pocas horas de conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosas organizaciones políticas, sociales y sindicales expresaron su preocupación por la situación de las personas sin techo, y denunciaron las campañas estigmatizantes del municipio.
Un accionar represivo sistemático
Tras conocerse la noticia, Rosa Mauregui, referente del PTS-Frente de Izquierda Unidad en la ciudad, repudió el hecho y denunció la responsabilidad del Estado local. “La muerte de Gustavo no es una excepción: forma parte de un accionar sistemático de violencia y persecución por parte de la patrulla municipal. Vecinos y organizaciones lo vienen denunciando hace tiempo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ya presentó denuncias penales contra el intendente Guillermo Montenegro y sus funcionarios por operativos violentos, con amenazas, golpes, detenciones ilegales y robo de pertenencias. Incluso se tramitaron habeas corpus preventivos para frenar los abusos”, señaló.
“Lejos de condenar estos hechos, Montenegro celebra desde las redes sociales y promueve el odio hacia las personas en situación de calle. Eso contrasta con la solidaridad de los vecinos de Gustavo, que esta mañana salieron a aclarar que él no era un ‘fisura’, como despectivamente llama el Intendente a quienes no tienen un techo, sino una persona con nombre e historia”, agregó Mauregui.
Es un crimen social! En lugar de construir y ampliar los refugios, el intendente @gmontenegro_ok financia una patrulla parapolicial que golpea y roba los colchones y frazadas de las personas en situación de calle. https://t.co/90RxppOSF4
— Maria Rosa Mauregui (@rosa_maure) July 1, 2025
La pobreza como delito
Mar del Plata tiene hoy un 28,9% de su población bajo la línea de pobreza, y un 3,3% en la indigencia (según datos de 2024). En ese contexto, más de 400 personas viven en la calle. El único parador municipal, “Las Américas”, no alcanza a cubrir ni una fracción de la demanda, a pesar del esfuerzo de sus trabajadores.
“La necesidad de más refugios es urgente, pero también de una política integral. La falta de techo no es solo un problema habitacional: responde a un modelo de ciudad donde la especulación inmobiliaria expulsa a miles. Los alquileres se vuelven inaccesibles y el Estado no garantiza ni una mínima red de contención. Además, muchas personas en situación de calle padecen problemas de salud mental que exigen abordajes interdisciplinarios de salud, no represión policial”, remarcó Mauregui.
“El único plan de Montenegro frente a esta crisis es la criminalización. Arma una campaña violenta y reaccionaria contra los sectores más pobres, profundizando su estigmatización”, denunció.
La salud pública, también en emergencia
El sistema de salud pública de Mar del Plata atraviesa una profunda crisis. Las recientes luchas de residentes del INAREPS por mejoras salariales, sumadas a la falta crónica de personal e insumos en efectores de salud provinciales y municipales, dejan al descubierto un abandono sistemático. Los salarios se ubican por debajo de la canasta básica y la precarización alcanza todos los niveles.
“La implementación plena de la Ley de Salud Mental es fundamental para garantizar una atención adecuada. Pero ni siquiera eso se cumple. Mientras tanto, la salud pública se cae a pedazos y quienes más necesitan atención quedan completamente desamparados”, subrayó Mauregui.
“Frente al ataque a los sectores más vulnerables y el creciente repudio social, la exigencia de presupuesto para salud pública en todos sus niveles, planes de vivienda y asistencias que cubran las necesidades básicas (en lugar de seguir destinando fondos al FMI) es absolutamente urgente. La muerte de Gustavo no fue una tragedia inevitable: fue el resultado directo de las decisiones políticas del gobierno de Montenegro”, concluyó.