POLÍTICA
Ante temor de infiltración criminal, proponen control patrimonial riguroso
El proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado inició en medio de una creciente desconfianza hacia el sistema judicial. La renuncia de Diana Salazar, quien se mantuvo en funciones prorrogadas hasta mayo, aceleró la necesidad de conformar la comisión ciudadana que ejecutará el concurso público.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debe garantizar la integridad del proceso. Para ello, se analiza solicitar a los postulantes la autorización para acceder a su información patrimonial y fiscal. Esta medida permitiría detectar inconsistencias o posibles casos de defraudación tributaria.
La propuesta parte de la Federación Nacional de Abogados, que considera que la probidad ética, política y patrimonial debe ser el principal filtro. En respuesta, el CPCCS evalúa incluir en el formulario de postulación la declaración voluntaria para revisar ingresos, cuentas y antecedentes.
La urgencia se debe a antecedentes como los casos Metástasis y Purga, donde el crimen organizado habría manipulado a funcionarios judiciales. Estas revelaciones han alimentado el temor ciudadano sobre la infiltración en instituciones clave del Estado.
En junio se reformó el reglamento que rige el concurso. Se amplió la inhabilidad a quienes estén procesados o condenados por 42 delitos, además de infracciones contra la administración pública. Sin embargo, no se prohíbe postular a abogados que hayan defendido a personas acusadas de narcotráfico, un vacío que podría ser aprovechado.
| La Derecha Diario
La comisión ciudadana estará integrada por diez miembros: cinco en representación de la sociedad civil y cinco delegados de las funciones del Estado. Mientras los ciudadanos deben ganar un concurso de méritos, los delegados enfrentan impugnaciones públicas.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, se comprometió a formar esta comisión en 30 días, un plazo menor al habitual de cuatro a seis meses. Aunque se solicitó un informe jurídico para agilizar el proceso, no se presentaron propuestas concretas para acortar los tiempos.
El reglamento vigente contempla una única ocasión para que los comisionados soliciten información de verificación a otras entidades. Si se detecta documentación falsa, el postulante será descalificado, pero mantendrá su derecho a la defensa en doble instancia. La vigilancia ciudadana y el control patrimonial podrían marcar la diferencia en este concurso. En un contexto donde la confianza institucional es frágil, cada paso cuenta para preservar la independencia de la justicia.
Blindar el concurso para fiscal es crucial para impedir que estructuras delictivas accedan al poder judicial. Fortalecer los controles éticos y patrimoniales refuerza la institucionalidad democrática y protege a Ecuador del riesgo de la cooptación criminal.
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