(Pablo Roma Congreso Nacional) – En una sesión marcada por intensos debates y tensiones políticas, el Senado de la Nación rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión representa un revés significativo para el presidente Javier Milei, quien había intentado imponer a ambos candidatos mediante decretos presidenciales, esquivando el procedimiento constitucional que requiere el acuerdo del Senado.
La controversia se inició cuando Milei, durante el receso legislativo, nombró a Lijo y García-Mansilla en comisión, argumentando la necesidad de completar las vacantes en el máximo tribunal. Sin embargo, esta maniobra fue ampliamente criticada por diversos sectores políticos y jurídicos, considerándola un intento de eludir los controles y equilibrios propios del sistema republicano.
El bloque de Unión por la Patria (UxP) expresó su firme oposición, calificando la medida de “manifiestamente inconstitucional” y advirtiendo que rechazarían cualquier intento de designación sin el debido proceso legislativo. José Mayans, jefe de la bancada, entregó una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestando la postura unánime del bloque en defensa de la institucionalidad y el respeto a la Constitución.
Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) también manifestó su desacuerdo, calificando la acción del Ejecutivo como “grave, imprudente e innecesaria”, subrayando la importancia de respetar los mecanismos constitucionales vigentes para el nombramiento de jueces en la Corte Suprema.
La situación se tornó aún más compleja cuando la Corte Suprema bloqueó el nombramiento de Ariel Lijo, rechazando su solicitud de licencia sin goce de sueldo y sugiriendo que, de aspirar al cargo, debería renunciar a su actual posición como juez federal. Este movimiento fue interpretado como una señal de resistencia del Poder Judicial ante las maniobras del Ejecutivo.
En contraste, Manuel García-Mansilla logró prestar juramento como juez de la Corte, aunque su designación también estuvo envuelta en polémica debido a sus posiciones ultraconservadoras y la resistencia que enfrentó en el Senado.
Este episodio refleja las crecientes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, evidenciando las dificultades del gobierno de Milei para avanzar en su agenda sin el respaldo parlamentario necesario. La oposición ha dejado en claro su determinación de defender los procedimientos constitucionales y evitar lo que consideran avances autoritarios por parte del Ejecutivo.
La negativa del Senado a aprobar los pliegos de Lijo y García-Mansilla subraya la importancia del equilibrio de poderes y la necesidad de consensos en la designación de funcionarios clave para el funcionamiento de la justicia en Argentina. Este acontecimiento podría tener implicaciones significativas en la dinámica política futura y en la relación entre los distintos poderes del Estado.