El gobernador Greg Abbott firmó la ley SB17, que cambia de manera radical el acceso a la propiedad para extranjeros vinculados a países considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La medida, que entra en vigor el 1° de septiembre de 2025, limita tanto la compra como la posesión de inmuebles para individuos y entidades procedentes de naciones como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, entre otras que el mandatario estatal republicano podrá designar.
La decisión, avalada por el Senado y la Cámara de Representantes de Texas tras un extenso debate, surge como respuesta directa a las advertencias contenidas en el informe anual de amenazas de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. de 2025. Ese documento, citado por la norma, identificó riesgos específicos vinculados a la influencia extranjera en sectores estratégicos, incluidos los bienes raíces.
La norma no se limita a casas o departamentos. La definición de “propiedad real” adoptada por el texto es amplia y abarca:
De esa manera, el veto incluye desde un pequeño lote urbano hasta miles de hectáreas de uso agrícola o industrial, lo que abre un abanico muy amplio de limitaciones para ciudadanos o compañías de los países señalados.
El corazón de la SB17 está en la sección de prohibiciones. Allí se especifica que no podrán adquirir ni mantener intereses sobre propiedades en Texas los siguientes actores:
La legislación aclara que un extranjero residente legal en Estados Unidos podrá adquirir una vivienda destinada a su residencia principal, pero no otro tipo de propiedad.
La ley SB17 prevé algunas excepciones para no afectar a quienes ya poseen un estatus legal sólido en Estados Unidos. Entre ellas se encuentran:
De esta manera, el objetivo declarado de la norma no es excluir a toda persona extranjera, sino frenar operaciones inmobiliarias que pudieran estar influenciadas por gobiernos adversarios u organizaciones criminales transnacionales.
La ley otorgó al fiscal general de Texas un papel central en la investigación y persecución de violaciones. La oficina podrá abrir expedientes, llevar a juicio propiedades adquiridas en forma irregular y solicitar la designación de un síndico judicial que administre y posteriormente venda los inmuebles involucrados.
En caso de infracción, se contemplan sanciones de distinta magnitud:
Además, si un tribunal determina que existió una compra prohibida, ordenará la venta forzosa del inmueble. Los fondos recaudados cubrirán, en primer lugar, deudas o hipotecas, y luego los costos del proceso judicial, mientras que lo restante se devolverá al comprador infractor.