A mediados de la próxima semana finaliza el plazo de intimación que el TOF N° 2 dispuso para que Cristina Kirchner y los demás condenados en el expediente Vialidad transfieran los $ 684.990.350.139,86 en concepto de la defraudación que generaron al Estado.
Dicho monto, que al momento del veredicto era de $ 84.835.227.378,04 fue actualizado por los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, y como parte de la ejecución de la condena, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uruburu y Andrés Basso dejaron en manos de los propios condenados realizar el pago de forma colaborativa sin establecer porcentaje o suma alguna que le corresponde a cada uno.
Según supo PERFIL de fuentes vinculadas al expediente, hasta el último día hábil judicial de esta semana, no se registró en la cuenta del Banco Nación transferencias de dinero ni tampoco notificación a la Justicia para poner a disposición bienes muebles o inmuebles para empezar a cubrir los 685 mil millones de pesos.
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De mantenerse ese panorama hasta la media mañana del próximo miércoles 13 de agosto, el TOF N° 2 procederá con la ejecución de los bienes embargados. La particularidad es que el condenado más acaudalado y por ende con más posibilidades de cubrir gran parte del monto, que al precio de dólar oficial asciende a unos US$ 530 millones, es nada menos que el único condenado como partícipe necesario de la defraudación: Lázaro Báez, quien en los últimos 5 años logró facturar 172 millones de pesos.
¿Cuáles son los bienes de Cristina que están en la mira de la Justicia? Según un listado consignado por el Fiscal Diego Luciani al TOF 2 donde reclamó el retasamiento de todo, se contemplan el emblemático departamento de Juncal y Uruguay en el barrio de Recoleta de 160 metros cuadrados; otro departamento sobre esa misma calle a siete cuadras, pero con la mitad de la superficie.
A lo anterior se suman 24 propiedades en Santa Cruz cedidas por Cristina en 2016 a sus hijos Máximo y Florencia que si bien pudo registrarse como anticipo de herencia, el desapoderamiento tiene efecto por haber sido posterior al inicio de la causa y por ende estos bienes pueden ser afectados al decomiso. Además de cocheras, vehículos, cajas de ahorros en pesos, plazos fijos y cajas de valores.
En el caso de Lázaro Báez, la situación es más compleja. En el mismo pedido de la fiscalía, se contemplan 38 propiedades en Capital Federal, cuatro en la provincia de Buenos Aires, 81 en Santa Cruz a su nombre, 46 de Austral Construcciones y seis de otras donde conformó sociedades, el resto de los condenados suman 18 inmuebles sin mencionar autos y cuentas de ahorro.
Sin embargo, absolutamente nada de lo anteriormente mencionado será rematado en lo inmediato, sino que la Corte Suprema de Justicia pasará a tener su tutela. El pasado 15 de julio, cerca de que Cristina cumpliera un mes de haber empezado a cumplir la pena bajo arresto domiciliario y a pocos días de la feria judicial, el Máximo Tribunal firmó una acordada donde dejó a su disposición de forma provisoria los bienes secuestrados en causas de lavado, corrupción o narcotráfico “para un mejor servicio de justicia, uso propio, del Consejo de la Magistratura”.
Es decir, que lo secuestrado puede destinarse a las provincias, a municipios, entidades de bien público, programas educativos de salud o reinserción social o lo que la Secretaría de Coordinación de Bienes de la Corte Suprema de Justicia tenga a bien determinar.
Pero el monto de los casi 685 mil millones de pesos no es lo único que Cristina y el resto de los condenados deberán abonar o, muy probablemente, deban cubrir con bienes esa suma. Independientemente de lo anterior, también deberán pagar las costas del proceso, es decir, cuánto costó el juicio: honorarios de peritos, de tasadores, abogados que también se ejecutarán en paralelo.
Dicha acordada comenzó a aplicarse sobre Lázaro Báez esta misma semana, pero en el expediente “Ruta del dinero”. El juez Néstor Costabel ordenó el decomiso de los US$ 55 millones producto de las maniobras de lavado entre 2010 y 2013 del empresario santacruceño junto a su hijo Martín.
Esta primera parte de la ejecución de los embargos abarca 39 propiedades ubicadas en Buenos Aires, Olivos, Río Gallegos y Chubut, además de una cuenta en Suiza con más de US$ 900 mil y otra en una entidad de Bahamas con casi 4 millones de euros, ambas cauteladas. Asimismo, Lázaro y Martín Báez tendrán que abonar adicionalmente las costas del juicio.
Por último, también está la multa dispuesta por el TOF4 contemplada en la condena que es de seis veces el monto de la maniobra de lavado, es decir, US$ 330 millones, los cuales, según la ley de lavado, la Unidad de Información Financiera sería beneficiaria.