Desde Alternativa Judicial compartimos esta nota de opinión de nuestro compañero Juan Cobucho, Perito Trabajador Social, donde se reflejan las condiciones actuales de laburo, las urgentes necesidades del sector y de todos los trabajadores del Poder Judicial, que también afectan directamente a la población que debe recurrir a la justicia.
Una situación como punto de partida
Martín tiene 42 años, vive con su padre que es albañil y su madre que es ama de casa. Tiene 3 hermanas, dos formaron sus familias y se fueron mientras que la menor sigue viviendo con ellos. Esta hermana, Cecilia de 34, asiste a su hermano desde que tiene conciencia. Tal es así que después de estudiar para acompañante terapéutica descubrió que la enfermería podría ser su profesión, por eso sigue estudiando en una universidad pública. Los cuatro viven en un barrio donde las lluvias ocasionales convierten el paisaje en un pantano. Con la lluvia llega el corte de luz, no se puede ver tele, se corta el wifi y al otro día se termina el agua potable aunque “de alguna forma se las rebuscan” para poder beber y cocinar.
La familia obtuvo el turno para ir al juzgado el martes. Ese día llega el “remis trucho” a buscar a Martín y su familia. Después de acordar que por llevar la silla de ruedas el viaje sale unos pesitos más, papá sube a Martín al auto. De un lado va Cecilia, al medio Martín y del otro lado papá. Mama va adelante porque tantos años de levantar, llevar, traer y acomodar a Martín terminaron por lastimar su espalda hace ya bastante tiempo. Al llegar al Juzgado papá empuja a Martín en la silla de ruedas, Ceci camina con mamá y se adelanta a ver cómo es todo porque es la más leída. Se anuncia en la mesa de entradas diciendo “venimos por la curatela… hace años que la empezamos y hace 8 meses nos dieron turno para hoy”. Quedan en sala de espera. Al momento de ingresar a la oficina, descubren que la silla de ruedas no pasa por la puerta ni por el estrecho pasillo de durlock. Tras varios intentos de pasar la silla sin éxito, el clima se pone tenso para todos pero en la familia nace algo parecido a la vergüenza. Entonces papá se enoja, levanta a Martín en brazos, camina diez pasos y con un esfuerzo inigualable de espalda y cintura, apoya suavemente a Martín en la silla. “Ya está” dice. No se queja ni reclama. Hace 42 años viene sorteando obstáculos con su hijo.
La entrevista con la psicóloga, la trabajadora social y la psiquiatra se da en un espacio reducido donde se amontonan computadoras sillas y estanterías. Las profesionales se disculpan por la falta de espacio y por la demora en atenderlos porque tenían una situación urgente con una adopción. La familia cuenta que Martín tiene retraso mental profundo y parte de su cuerpo paralizado desde su nacimiento. Mamá saca una carpeta llena de papeles y expresa que entre todos siempre lo cuidaron y que en parte Cecilia ya se graduó de enfermera con Martín. Papá, mamá y Cecilia quieren seguir siendo los apoyos de Martín. Tienen miedo que lo manden a un hogar y quieren recuperar la pensión que le sacaron por no tener este trámite hecho. Se da un silencio, una panza hace ruido, alguien sonríe y avisa que el único que desayunó es Martín.
Tres aspectos a considerar
En el caso ficticio expuesto, pueden observarse ciertas condiciones en que se brinda el servicio de justicia para una de las poblaciones vulnerables más golpeadas de la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, nos interesa destacar que:
- Las dificultades edilicias resultan discriminatorias, excluyentes y acentúan las barreras sociales para las personas con discapacidad. Familias que transitan privaciones diversas también deben sobreponerse a las condiciones de exclusión del sistema de justicia. La secuencia del padre levantando en brazos a su hijo porque el Estado no abre una puerta, reproduce un modo judicial de proceder que revictimiza y culpabiliza a la gente de las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan. El poder judicial debe dar el ejemplo y tomar inmediatamente acciones para facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad y sus familias.
- La escasa cantidad de peritos dilata por meses y años las evaluaciones retrasando injustificadamente procesos que son vitales para las familias. El caso de los profesionales psiquiatras es paradigmático en este sentido. En ocasiones la escasez de personal se resuelve operativamente recargando de trabajo a los pocos peritos del plantel, presionándolos y obligándolos a corretear por diferentes dependencias. Otra forma en la que el sistema resuelve la escasez de personal es recurriendo desmesuradamente a la asignación de múltiples tareas. Así, el salto de una problemática a otra en intervalos de tiempo mínimos se naturaliza, se normaliza sin que se cuestione la acumulación de tensiones, el estrés y el deterioro de la calidad de vida de las y los peritos. En no pocos casos, hay peritos que además de lo establecido en sus incumbencias profesionales, realizan tareas impropias de su profesión de manera sistemática lo que implica esfuerzos extras para resistir el avasallamiento que esto causa y los daños a la salud mental asociados.
- El hacinamiento de profesionales afecta principios de intimidad y confidencialidad de las personas y ponen en jaque principios éticos de las profesiones. Así pasa cuando se practican pericias en pasillos, salas de espera o se comparte espacios reducidos con otros profesionales ajenos a la situación. Resulta inaceptable que este tipo de degradación de la actuación profesional se naturalice y se perpetúe en el tiempo so pretexto de causas edilicias o de índole presupuestaria.
El dictamen del cuerpo de peritos es fundamental para que el juez pueda arribar a una sentencia en el caso de Martín. Sin peritaje no sería posible una sentencia ajustada a sus reales necesidades. La realidad muestra que las pericias se realizan con elevada demora, en espacios que no son amigables para la gente y con profesionales en permanente tensión por preservar condiciones mínimas para desarrollar su tarea sin lesionar principios éticos.
Una comunidad con sentido crítico
Entre las y los peritos existe una convicción compartida: no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a la injusticia. Asumir lo contrario implicaría aceptar que tenemos “una pobre justicia”, lo cual, viene acompañado de frases como “hay que sentirse agradecido de estar en el Poder Judicial” o “mejor conformarse, porque podríamos estar peor”. Ese tipo de pensamientos llevan a la resignación, al estancamiento y alimentan la idea de que todo el esfuerzo que cada perito pone en su trabajo se pierde en la frialdad del expediente.
Pero repensar esta lógica y pasar de decir que tenemos “una pobre justicia” a reconocer que contamos con “una justicia pobre” no es solo un juego de palabras. La diferencia es profunda: hablamos de una justicia pobre porque no está cumpliendo con su rol, porque no está dando en tiempo y forma las respuestas que la sociedad necesita.
Desde nuestra labor pericial, señalamos que muchos de los problemas críticos que se mencionan en este artículo tienen solución. No estamos frente a un escenario inamovible, sino ante el resultado de políticas de un Estado que ha dejado de garantizar un servicio de justicia digno para la ciudadanía.
El sector de peritos promueve y denuncia desde hace tiempo el estado deplorable en que se desarrolla la tarea pericial, la opresión que generan las condiciones laborales, los bajos salarios y la sobrecarga laboral. En este sentido, las demandas del sector son más un grito en defensa propia que una propuesta de avanzada que mejore algún aspecto de la realidad. Ante este avasallamiento, es necesario continuar la construcción de una resistencia organizada, plural y decidida que sea capaz de retomar la historia de lucha de las y los trabajadores judiciales para que la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo asuman las responsabilidades que les corresponde y actúen con la urgencia debida.