Luego de que el Estado argentino apelara este jueves el fallo que obliga a entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, citó urgente a las partes enfrentadas en el litigo, donde los fondos especulativos reclaman quedarse con parte de la petrolera estatal y otras entidades.
En el marco de la causa iniciada contra la expropiación de la compañía -ocurrida en el 2012-, los buitres obtuvieron en Estados Unidos una sentencia favorable en primera instancia que demanda a la Argentina por 16.100 millones de dólares.
Pocas horas después de conocerse la apelación sobre el veredicto contra YPF que incluía indicaciones sobre cómo el país debía modificar la Constitución para cumplir con el dictamen, Preska -jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York- convocó a una audiencia de “negociación”, según indicó el especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, en redes sociales.
El Gobierno nacional había anticipado que no podría entregar las acciones de la petrolera aunque quisiera, porque una operación de esa magnitud debe pasar obligatoriamente por el Congreso, de acuerdo a lo que indican las leyes argentinas.
La decisión judicial había sido emitida el 30 de junio último, con un plazo de dos semanas para que Argentina respondiera con su patrimonio público. El escrito indicaba “transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.
Los fondos demandantes quieren demostrar que el Estado argentino no solo es dueño de YPF, sino también de Aerolíneas Argentinas, ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y el BCRA (Banco Central), para intentar provocar embargos múltiples y cobrar cifras millonarias sin importar la legislación o el daño a la economía del país.
La magistrada norteamericana convocó a los representantes argentinos y a los capitales especulativos a una reunión en su corte, el día lunes 15 de julio, a las 10:00 de la mañana, hora local. El objetivo del encuentro pretende destrabar la disputa por la entrega de datos solicitados por los demandantes, quienes buscan probar que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”.
Se trata de una maniobra conocida como “alter ego”, que refiere al pedido de información de funcionarios del Gobierno actual y anterior, cuya finalidad es probar que hubo injerencia política en las decisiones de la empresa.
“Cuando Milei asumió como Presidente, Alberto Fernández había apelado el fallo de Preska de los USD 16.000 millones. La jueza le ofreció al nuevo Gobierno poner una garantía para poder apelar y no arriesgar embargos. Milei, por motivos obvios, porque estaba recién asumido, decide no poner garantía por lo que empezaron los embargos. Dos embargos fueron pedidos. Uno, las acciones de YPF, que es el fallo que salió la semana pasada y apelaron hoy (jueves). El segundo embargo es la declaración de alter ego de esas entidades para embargar los activos de esas entidades”, señaló Maril.
Desde el Gobierno, la estrategia política es seguir acusando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien durante la administración de Cristina Kirchner fue el ministro de Economía que diseñó la expropiación de la compañía.
El mandatario bonaerense rechazó esas acusaciones y deslizó que Javier Milei tuvo contactos con el Fondo Burford, la firma especializada en litigios que presiona a la Argentina, y pone en peligro la soberanía. “Vamos a iniciar investigaciones, porque se sabe que Milei y su gobierno tienen vínculos con representantes de ese fondo buitre. Esto no lo puedo afirmar, por eso digo que lo vamos a investigar”, aseguró en una conferencia de prensa hace pocos días.