Con una alianza transversal de opositores el Senado le propinó una dura derrota al presidente Javier Milei al rechazar las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema y ahora el Gobierno activa un operativo para sostener el nombramiento por decreto del segundo, mientras evalúa la forma y el momento de reabrir la discusión sobre las vacantes en el máximo tribunal.
El pliego de Lijo tuvo 43 votos en contra, 27 a favor y 1 abstención, mientras que el de García Mansilla cosechó 51 en contra y 20 a favor. Dado que se necesita una mayoría de dos tercios para aprobar la designacion de un juez de la Corte, alcanzaba con 25 votos -un tercio más uno del total- para rechazarlo. La confluencia entre distintos sectores de oposición hizo que superaran con creces ese número.
El Gobierno nunca estuvo siquiera cerca de conseguir la mayoría de dos tercios que se necesitaban para aprobar los nombramientos, pero el decreto que firmó Milei en febrero para nombrar a los dos jueces «en comisión» fue tomado como una afrenta al Senado y unificó el rechazo del kirchnerismo con el de representantes del PRO y la UCR.
Mientras Milei se encontraba en Estados Unidos, la Casa Rosada intentó hasta último momento dejar la sesión sin quórum. Sin embargo, la oposición juntó las 37 presencias que hacían falta para abrir el debate con 32 senadores de Unión por la Patria, dos de la UCR (Martín Lousteau y Pablo Blanco), dos del PRO (Alfredo de Ángeli y Victoria Huala) y el ex libertario Francisco Paoltroni.
En el PRO y la UCR hubo un intento de ayudar al Gobierno en ese plan, pero los «cabos sueltos» de cada bloque frustraron la jugada. El oficialismo logró dos ausencias llamativas en Unión por la Patria: el santafesino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés, que se sentaron después de que el tablero marcó 37. Pero no fue suficiente.
¿Cómo se gestó el rechazo del Senado a los jueces de Javier Milei para la Corte?
La foto del quórum mostró las divisiones internas en los bloques que el gobierno de Milei intentó explotar, pero también la transversalidad del rechazo a los dos nominados para la Corte y, sobre todo, a la decisión del Presidente de nombrarlos por decreto para llenar las dos vacantes que dejaron Elena Highton en 2021 y Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.
Esa medida, tomada con el argumento de que el Senado demoraba su decisión sobre los pliegos (algo que se debió a que se empantanó la negociación que le había ofrecido abrir el peronismo K), fue lo más cuestionado durante la sesión junto con la ausencia de mujeres en el máximo tribunal y en la propuesta del Ejecutivo.
El principal destinatario de las críticas fue García Mansilla, quien asumió en el máximo tribunal en comisión tras el decreto de Milei y sin esperar el trámite del Senado. Lijo lo hubiera hecho también, pero la Corte se negó a tomarle juramento si no renunciaba a su juzgado de primera, algo que no quiso hacer por temor precisamente a que un rechazo del Senado a su pliego lo dejara sin nada.
«Los dos candidatos aceptaron ir por la banquina constitucional y además García Mansilla nos mintió en la cara», lanzó Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde el académico aseguró que no asumiría por decreto. El kirchnerismo y referentes de la UCR también apuntaron en esa dirección.
Durante el debate, igualmente, los pliegos dividieron aguas en los bloques dialoguistas. Por caso, la peronista Moisés adelantó su voto a favor de Lijo y, en una referencia al sector K de la bancada, reclamó: «Que se acepte nuestro libre albedrío para tomar decisiones como representantes de nuestras provincias».
En el PRO, en tanto, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero -cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- cuestionó a sus compañeros de bloque que dieron quuórum y, tras señalar que la sesión tuvo el objetivo de «desgastar el Gobierno del presidente Milei», se expresó a favor de la candidatua de García Mansilla.
El plan de Milei tras el rechazo de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo
El Gobierno se negó a retirar los pliegos como le sugirieron los senadores aliados del oficialismo cuando vieron que ni Lijo ni García Mansilla alcanzaban la mayoría, algo que solo hubiera sido posible con un acuerdo con la bancada peronista que en un momento pareció estar cerca para la aprobación del juez federal, pero que se terminó de frustrar tras el decreto de Milei.
Ante la inminencia de la derrota el Gobierno ratificó varias veces a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que Garcia Mansilla debe seguir en la Corte porque el nombramiento «en comisión» por decreto es hasta el 30 de noviembre. Con el rechazo consumado, en la Casa Rosada deslizaron ante iProfesional que «la Corte funcionará con cuatro jueces».
De esta manera confirmaron que Milei está decidido a sostener al único de los dos nominados que ya logró meter en la Corte con su decreto, como parte de la nueva estrategia. Algunos de los opositores dialoguistas que rechazaron a Lijo defendieron la idea que plantea el Gobierno sobre García Mansilla: que al haber asumido ya como juez «en comisión», debe permanecer pese al rechazo del Sendo en ese puesto hasta fin de año.
Esa idea se basa en el mismo artículo de la Constitución que tomó Milei para designar a los dos jueces por decreto, el cual establece que el Ejecutivo podrá «llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirará al fin de la próxima Legislatura».
El rol de los jueces de la Corte en la estategia del Gobierno
García Mansilla se plegó a este plan del Gobierno días atrás al plantear en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, donde tramita un amparo contra el decreto de Milei, que solo puede ser removido de su cargo antes de noviembre por juicio político, como cualquier otro magistrado.
No obstante, sectores de la oposición y también juristas cuestionan la interpretación que hizo el Gobierno de ese artículo constitucional. La situación es inédita y por eso tampoco hay antecedentes legales que permitan adelantar una resolución para esta discusión que se abre ahora. «De cualquier forma, si el tema escala lo va a tener que resolver la propia Corte», advirtió un operador parlamentario del oficialismo a iProfesional.
En ese marco, el escenario parece favorable al Gobierno dado que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenrkantz y Ricardo Lorenzetti le tomaron juramento a García Mansilla y con ello convalidaron el decreto de Milei. Por eso ni en Casa Rosada ni en el Senado creen hasta ahora que el máximo tribunal oponga algún obstáculo a la estrategia oficial.
La única división entre los tres magistrados se dio en torno a Lijo, a quien Rosatti y Rosenkrantz no le aceptaron el pedido de licencia en su juzgado y le informaron que debía renunciar para asumir en comisión en la Corte tras el decreto de Milei, postura que no fue compartida por Lorenzetti. Lijo no quiso renunciar precisamente ante el temor de que el rechazo del Senado lo dejara sin nada.
El plazo que complica a Milei y a la Corte: ¿nueva negociación o espera hasta las elecciones?
No obstante, este plan del gobierno de Milei no está libre de complicaciones. En primer lugar para la propia Corte, debido a que cualquier litigante podría presentar amparos para cuestionar los fallos que firme García Mansilla como juez sin acuerdo del Senado. En segundo lugar para el Gobierno, dado que de una forma u otra el académico debería irse del tribunal el 30 de noviembre y nuevamente habrá dos vacantes.
En ese contexto, en algunas oficinas del Congreso no descartan que la Casa Rosada intente reabrir la negociación con el peronismo para ampliar la Corte Suprema a 7 o 9 miembros con el fin de alcanzar el consenso necesario para designar a los nuevos jueces, algo que se negó a hacer durante el proceso que atravesaron Lijo y García Mansilla.
El kirchnerismo le había hecho llegar el año pasado la idea de abrir una discusión más amplia sobre la Justicia que incluyera la ampliación y también la cobertura de otros cargos vacantes, como el del procurador General de la Nación, que ocupa interinamente Eduardo Casal.
Milei anunció el primero de marzo pasado que enviaría ese pliego al Senado, además de las proopuestas para cubrir otros 140 juzgados en todo el país. Allí hay una ventana entreabierta para una negociacion futura en la que se retome el tema de la Corte pero esta vez por el carril institucional normal: buscar el acuerdo de la Cámara alta.
No obstante, la campaña para las elecciones legislativas nacionales de este año complican cualquier entendimiento entre espacios que están en las antípodas como son La Libertad Avanza y el peronismo kirchnerista. Por ello, en algunos despachos de la Casa Rosada también señalan la posibilidad de esperar al año próximo, cuando contarán con más senadores propios y podrían negociar en mejor condiciones.
En cualquier caso, el resultado de la votación del Senado implicó una fuerte derrota para el gobierno de Javier Milei, que ahora se muestra dispuesto a abrir un conflicto institucional al defender la continuidad de Manuel García Mansilla en la Corte Suprema pese al rechazo de su pliego.