Un cambio en el régimen de asignación de unidades retributivas puso en alerta a los gremios estatales que, aducen, que por un lado podría significar un aumento indirecto en los ingresos de subsecretarios, directores o coordinadores -congelados por decisión de Javier Milei desde el inicio de la administración- o bien otorgar un plus a agentes en cuyas dependencias a cargo se haya generado un «ahorro» por el despido de trabajadores en el marco del paso de la denominada «motosierra libertaria».
La Decisión administrativa 7 de Jefatura Gabinete publicada el último jueves en el Boletín Oficial generó nuevamente controversia por los ingresos de la denominada «casta». Sin embargo, en el Ejecutivo salieron a respaldar la normativa al asegurar que no busca otorgar aumentos discrecionales «sino ordenar lo que había antes que era muy confuso. Simplemente se está ordenando» el régimen y el criterio de asignación de las UR, una suerte de «caja chica» con la que cuentan los ministerios, secretarías y organismos descentralizados, para compensar bajas salariales o gastos que surjan durante la gestión.
Fuentes oficiales, además, aclararon que «la medida es parte de la estrategia de racionalización del gasto público. Los ministros y secretarios de Estado no pueden recibir UR y sus salarios seguirán congelados desde diciembre de 2023. Este sistema permite premiar a los empleados públicos por su productividad, iniciativas o méritos relevantes en su desempeño. La DA establece un sistema objetivo para determinar la cantidad de UR que tiene disponible cada Ministerio para repartir entre sus empleados. Los criterios son: estructura y cantidad de trabajadores».
Para el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, la enmienda, que contiene dos anexos rubricados por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, autoriza «a los funcionarios políticos a incrementarse sus sueldos en proporción al ahorro generado por el despido de trabajadores de carrera hasta alcanzar el sueldo de un ministro» a lo que denominó una práctica «de la casta repartiéndose nuestros salarios». Si bien le pregunta a Milei «si en serio van a cobrar por despedir», reitera el llamado un paro de estatales para el jueves próximo.
El dirigente sindical se hizo eco del artículo 5 de la mencionada normativa que establece que «podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores en el artículo 2° de la presente decisión administrativa en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción».
Las fuentes oficiales consultadas reconocieron que la norma «tiene en cuenta en la cantidad de UR recibidas por ministerio la eficiencia lograda en la estrategia del Gobierno de promover la reducción del gasto público para que crezca la economía en base al superávit fiscal».
La DA deroga, en los hechos, todas las disposiciones anteriores referentes al tema y asigna UR a la Vicepresidenta de la Nación, al Jefe de Gabinete, a los ministros, secretarios de la Presidencia, con excepción del titular de la Side, y a titulares de organismos desconcentrados y descentralizados con dependencia directa del Presidente, como la SIGEN.
Cada unidad retributiva asciende a unos 800 pesos y con ello se calcula los sueldos de los funcionarios y agentes estatales. También con estos suplementos se retribuye al personal transitorio o efectivo para premiar sus iniciativas o méritos relevantes que redunden en una mayor eficacia en su desempeño. Queda exceptuado el personal contratado en el marco de «locaciones de servicios o de obras». Por caso, el asesor presidencial Santiago Caputo, que tiene un contrato 1109, no podría percibir estas sumas que, en ningún caso, podrían superar la remuneración de Ministro ($ 3.578.410,97) en los casos de asignación regular.
En UPCN, en tanto, advirtieron que si bien la reglamentación asigna estos suplementos a los altos funcionarios, también dispone «una cantidad de unidades retributivas que las manejan los ministros y la secretaria general de la Presidencia con total discrecionalidad y se las pueden dar a quiénes quieran. En los ministerios grandes estos suplementos ascienden a cifras que oscilan entre los $110 y los $120 millones», señalaron.