El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia declaró en rebeldía y emitió una orden de arresto contra Ernesto Cruz Cárdenas, líder de la organización terrorista mapuche que fue desalojada el 9 de enero de un terreno perteneciente a Parques Nacionales en Los Alerces, Chubut.
Cárdenas es uno de los imputados en la causa junto a su pareja, María Belén Salinas, quien afirmó desconocer su paradero. El líder terrorista también está en la mira de las autoridades provinciales de Chubut, ya que se lo investiga por su posible vínculo con incendios forestales en la región.
Agentes de la Policía Federal se presentaron en el domicilio declarado por Cárdenas para notificarlo sobre la audiencia de debate y juicio por la usurpación de tierras públicas, programada para los días 3, 4, 9 y 10 de abril.
Salinas recibió la notificación, pero insistió en que no sabe dónde se encuentra Cárdenas, quien incluso dejó de visitar a los hijos que tienen en común.
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Al ordenar su captura, el Tribunal señaló que el activista tampoco cumplió con su obligación de presentarse regularmente en el Escuadrón 36° de Gendarmería Nacional para acreditar su domicilio.
El juez de Cámara Enrique Baronetto declaró en rebeldía a Ernesto Cruz Cárdenas y ordenó su captura. Tanto el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, como el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, lo señalaron como responsable de los incendios que arrasaron miles de hectáreas de bosques en la Patagonia.
Anteriormente, en febrero de 2023, el exministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, había reconocido haber recibido numerosas denuncias que apuntaban al mismo terrorista mapuche como posible responsable de los focos ígneos.
Actualmente prófugo de la Justicia, Cárdenas trabajó como brigadista en Parques Nacionales. Mientras aún desempeñaba funciones en el sector público, se autoproclamó miembro de la comunidad mapuche Lof Paillako e inició un reclamo de supuestas «tierras ancestrales» en nombre de ese grupo.
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En 2020, la comunidad tomó por la fuerza instalaciones de Parques Nacionales y permaneció allí hasta principios de 2025, cuando se ejecutó el desalojo. Fue el propio organismo nacional el que impulsó el reclamo administrativo sobre las tierras, lo que derivó en una causa judicial bajo la conducción del juez federal de Esquel, Guido Otranto.
El 9 de enero, fuerzas federales ingresaron al predio para cumplir con la orden de desalojo dictada por el magistrado, pero los ocupantes ya habían abandonado el lugar.
Salinas se resguardó en una vivienda familiar dentro del mismo Parque Nacional, donde aún reside. En contraste, Cárdenas se dio a la fuga y hasta el momento su paradero sigue siendo desconocido.