La justicia federal de La Plata ordenó este martes la suspensión del decreto 116/2025, que dispuso la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima y prohibió el ingreso de capitales privados. La medida cautelar interina fue dictada en el marco de una causa en la que se cuestiona la legalidad de la privatización de la entidad.
En su fallo, al que accedió LA NACION, de Ramos Padilla resolvió: “Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”.
También, “requerir a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″.
Esta medida se tomó en el marco de una causa iniciada el 11 de junio pasado en la que se pedía que se declarara “la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización” del Banco Nación.
Se trató de un planteo de la Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados del sector y que es encabezado por Sergio Palazzo, actual diputado nacional y uno de los interlocutores sindicales de Cristina Kirchner.
El 25 de septiembre pasado, Ramos Padilla resolvió “que el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional” y, por ende, el juez declaró “abstracta” la cuestión. Esa decisión estaba a estudio de la Cámara de Apelaciones, que debe resolver si la confirma.
En su fallo de hoy, Ramos Padilla recordó que “el 19 de febrero pasado, se dictó el decreto 116/2025 que dispuso la transformación del ente autárquico ‘Banco de la Nación Argentina’ en una sociedad anónima bajo la Ley N° 21.526 e instruyó al Directorio a tomar las medidas necesarias para llevar a cabo esa transformación y su inscripción ante la Inspección General de Justicia”, entre otras medidas. El juez relató que el 20 de febrero, con el expediente en la Cámara, se presentó en la causa la solicitud del “urgente dictado de una medida cautelar”.