Según fuentes oficiales, efectuar estos cursos significó ingresos anuales por más de $11.000 millones. En su cuenta de X, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, señaló: “Un kiosco menos del sindicalismo en la Argentina”.
El Gobierno anunció que le quitará la exclusividad que tenía la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sobre las capacitaciones a conductores profesionales, lo que significaba ingresos anuales de más de $11.000 millones para el gremio desde 2019, según cifras oficiales.
“A partir de ahora, cualquier prestador del sistema podrá realizar los cursos”, indicó el comunicado oficial. En rigor, la medida fue impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), mediante la modificación del artículo 71 de la disposición 48/2019.
Esta normativa otorgaba a la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros (AEFTP), entidad vinculada a la UTA, la exclusividad en la formación y evaluación de los conductores. Hay 55.000 choferes que deben renovar este tipo de licencias cada año.
En su cuenta de X, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, señaló: “Instruí a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a ponerle fin al monopolio que mantenía el sindicato de colectiveros respecto a las capacitaciones a conductores profesionales. Por una disposición dictada en 2019, quienes querían sacar una licencia de conductor profesional estaban obligados a tomar un curso en una entidad en la que era parte la UTA”.
“Gracias a este beneficio, AEFPT o “La Escuelita de la UTA” cómo se la conoce, recibió anualmente más de $11.000 millones. Eso se terminó a partir de hoy. Desde ahora, queda habilitado cualquier prestador que quiera dar estas capacitaciones y cumpla con los requisitos. Un kiosco menos del sindicalismo en Argentina”, expresó el funcionario.
Tal como anunció el Gobierno, con este cambio se creará en 10 días un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional que permitirá a nuevos actores del sistema brindar los cursos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial será la encargada de supervisar el nuevo registro y garantizar la calidad de las capacitaciones.
Existen tres capacitaciones: una llamada APE (Aspirante primer empleo) que se realiza por única vez y que cuesta $460.000. Otra es la validación de competencias. Se hace cuando el conductor cuenta con experiencia en transporte de pesados, y requiere iniciar en servicio público en el AMBA, con un valor de $360.000. Y la tercera es la actualización anual que se realiza por año calendario. En este caso se abonan $59.112.
Con la creación del registro para nuevos prestadores el Gobierno busca “mayor control e información sobre la actividad”, además de un “uso más eficaz y eficiente de los recursos” y “la simplificación de trámites y exigencias”.