Lima, 11 dic (EFE).- La Fiscalía de Perú entregó este miércoles los restos de nueve personas encontradas en las inmediaciones del cuartel militar Los Cabitos, una zona considerada de entierro de desaparecidos forzosos en el sur del país, como parte de la política de reparación integral de víctimas del conflicto armado (1980-2000).
La catedral de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, la región más afectada en los años de violencia de Sendero Luminoso, acogió una ceremonia de restitución de restos óseos y elementos asociados de las víctimas hallados en la zona denominada La Hoyada, informó el Ministerio Público en la red social X.
«La Fiscalía Penal Supraprovincial en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho logró la restitución de los restos óseos tras la identificación realizada por peritos del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) del Ministerio Público», precisó la institución junto a imágenes de la ceremonia.
La fiscal de la Nación (general), Delia Espinoza, afirmó frente a familiares de las víctimas que este acto representa «un paso más en la búsqueda de la verdad».
Destacó que, adicionalmente, supone un reconocimiento público de los derechos de los afectados y de la reparación integral de la cual son merecedores quienes sufrieron consecuencias de violaciones a los derechos humanos.
«Son execrables hechos en el cuartel Los Cabitos y la denominada Casa Rosada por la forma en cómo acontecieron las vulneraciones a los derechos humanos de muchos ayacuchanos», declaró Espinoza.
En el cuartel Los Cabitos, situado en Huamanga, se efectuaron detenciones arbitrarias, torturaron, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente a, al menos, 136 ciudadanos, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
En el sector denominado La Hoyada se hallaron numerosas tumbas y se contabilizaron alrededor de 110 cadáveres, la mayoría de ellos calcinados por un horno crematorio, lo que dificultó su identificación.
La Justicia peruana condenó en 2017 a dos altos mandos militares a 30 y 23 años de prisión por el asesinato de al menos 53 civiles en 1983 en este cuartel al considerarlos culpables de los delitos de asesinato, abuso de autoridad agravada y detenciones arbitrarias.
Las labores de recuperación e identificación comenzaron en 2005 a raíz del informe final de la CVR en el que se señalaba la existencia de un gran cementerio clandestino ubicado en ese lugar.
El conflicto interno que enfrentó al Estado peruano con los movimientos subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de ideología maoísta y marxista, respectivamente, dejó alrededor de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, según el informe final de la CVR. EFE