El Tribunal Oral Federal 7 dispuso este viernes que el juicio contra Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y decenas de hombres de negocios, entre los que están los principales empresarios del país, comience el 6 de noviembre de 2025. Para el debate serán citados 625 testigos.
A la gran duda sobre cómo se iba a implementar la realización de un juicio con más de un centenar de acusados, los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli resolvieron que el debate se realizará todos los jueves vía zoom. “A una audiencia por semana, con tantos testigos, mínimo va a tardar tres años”, dijo uno de los abogados que actúa en la causa.
La primera testigo de la extensa lista de 626 citados será Hilda Horovitz, la ex esposa de Centeno que promete revelar secretos en el debate oral. La segunda será Miriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor Kirchner que en instrucción aseguró que el ex jefe de Estado llevaba la cuenta de las coimas en su propio cuaderno espiralado. El tercer testigo clave para la fiscalía y las defensases Jorge Bacigalupo, el amigo de Centeno que entregó los cuadernos al periodista de La Nación Diego Cabot, también citado al inicio del debate.
En la lista de 600 políticos hay empresarios y políticos, además de testigos de procedimientos o peritos. Hay, no obstante, otra lista de casi 700 personas cuya declaración fue pedida por las partes y que están a disposición de lo que surja del debate oral. Entre ellos están por ejemplo los senadores Oscar Parrilli y Eduardo Wado De Pedro, el diputado Máximo Kirchner, el funcionario bonaerense Andrés Larroque o el hoy intendente de Lanús Julián Alvarez. Varios de ellos habían sido citados a declarar en la causa judicial por Bonadio, pero después el magistrado entendió que el financiamiento de La Cámpora debía pasar a la justicia electoral.
Las alertas de los abogados defensores se habían prendido hace algunas semanas. La Cámara de Casación Penal ya había urgido hacer el debate y venía rechazando planteos de las defensas. Entre los últimos estuvo el “devolver” al empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y acusado del pago de coimas, al expediente que nació con las anotaciones de Cuadernos. Inicialmente los jueces de Casación habían dispuesto que su caso pasara a ser evaluado por la justicia electoral, lo que generó un revuelo incluso en el propio tribunal oral que tiene el caso. Tras un planteo de la fiscalía y de la querella de la UIF, brazo del Gobierno Nacional en la causa, dos de los jueces dieron marcha atrás con su decisión y volvieron a incluirlo en la carrera del debate oral. Con el también cayó el pedido de otros empresarios que ensayaban la misma suerte. “Será el debate oral en donde podrá evaluarse la cuestión”, dijeron los camaristas.
Pero además esta semana el tribunal designó a los peritos oficiales que analizaran si los cuadernos que obran en la causa los escribió el propio Centeno. Vale recordar: en la causa inicialmente hubo copias de esas anotaciones. Pero cuando ya estaba por llegar a la presidencia Alberto Fernández, secundado por Cristina Kirchner como vicepresidenta, seis de esos ocho libretas claves fueron entregados al miso periodista que había revelado la trama de los llamados “cuadernos de la corrupción”.
La investigación por el capítulo Centeno es el eje de esta causa, aunque a esta investigación se le fueron sumando otras que ya existían y se anexaron a este mega expediente, y algunas que se abrieron a raíz de las declaraciones de los arrepentidos. Ahí se mezclan los casos de Gas Licuado o la causa por subsidios a trenes (en donde también CFK está procesada), junto a las sospechas por las coimas en los corredores viales o por la cartelización de la obra pública. La investigación por el lavado de dinero que llevó adelante el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz (y en el que más dinero se pudo recuperar) aún está en proceso y de hecho hay algunas ramificaciones pequeñas que quedaron en instrucción y faltan ser elevadas.
Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado. También sus funcionarios y los empresarios. Bonadio y Stornelli concentró un ramillete de causas, algunas que ya existían, otras que se abrieron con las declaraciones de los arrepentidos, que sumó más de un centenar e imputados. La Cámara Federal confirmó algunos procesamientos, otros no. “Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”, escribió el juez Bonadio. “No se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘Los Cuadernos de las Coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: ‘…La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…’, escribió el juez en diciembre de 2019 al mandar la causa a juicio.
Solo en la causa 9.608/2018 (Centeno) hay 45 personas acusadas por delitos como “asociación ilícita”, “cohecho pasivo”, “cohecho activo”, “admisión de dádivas”, y “encubrimiento”. Los principales acusados en la causa son Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta y José López, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Pescarmona y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
Solo la fiscalía pidió 299 testigos y, entre la prueba, reclamó incorporar los teléfonos del ex secretario de Obras Públicas, José López, secuestrado en la causa del enriquecimiento ilícito en su contra. En cambio, la ex presidenta no pidió a ningún testigo, pero apuntó a otra prueba -para su defensa- clave: las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli mientras tramitaron esta investigación. En su escrito, insistió en cuestionar la validez de esta investigación y la autenticidad de los cuadernos
El punto de mayor interés es la pericia sobre los manuscritos. Sobre todo porque uno de los empresarios investigados, Armando Loson, impulsó una causa aparte en donde un peritaje detectó que se manipularon los anotadores y hubo enmiendas en parte de las páginas donde se lo mencionaba a él. A raíz de ello, el amigo de Centeno Bacigalupo fue procesado por encubrimiento agravado y falsificación de documento público por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, pero en julio pasado la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó llevar adelante un nuevo peritaje sobre esos escritos pero esta vez sobre los originales que aparecieron dos años después del inicio de la causa.
Las otras medidas de prueba dispuestas por el tribunal tienen que ver pedir informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros para reconstruir cómo eran las distintas estructuras del Estado involucradas en esta causa, las declaraciones juradas de los ex funcionarios o los balances de las empresas investigadas. También a pedir copias de distintas causas judiciales que van desde la causa contra Bacigalupo hasta las causas Los Sauces-Hotesur, pasando por la causa de Lázaro Báez, investigaciones contra Julio De Vido, el caso D’Alessio o la causa del espionaje durante el macrismo.
Sobre ese punto, el TOF hizo lugar al pedido de la fiscal y de CFK para sumar al expediente “copia digitales de los informes técnicos o periciales que se hayan realizado sobre el teléfono celular secuestrado al imputado López” en la causa del enriquecimiento ilícito así como “las copias digitales de los registros de comunicaciones –llamadas, mensajes, etc.- requeridos y obtenidos durante el trámite de la causa, vinculados al nombrado López”. De ahí surgieron los mensajes que el fiscal Luciani usó para acusar a Cristina Kirchner con el plan “limpiar todo”.
La defensa de CFK pedía analizar las comuniciones del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. “De lo solicitado en el punto B “2″ – identificación de abonados telefónicos “…registrados a nombre del ex Juez Federal Claudio Bonadío y del Fiscal Federal interviniente en la etapa de instrucción, Dr. Carlos Stornelli…” y posterior “…registro de comunicaciones e impactos de celdas…” en “…el período comprendido entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019…”-, NO HA LUGAR por impertinente”, dijo el Tribunal Oral hace unas semanas.