Madrid, 28 nov (EFE).- Entidades sociales, como Andalucía Acoge, Cear y el Servicio Jesuita a Migrantes, han reclamado al Gobierno «medidas específicas» para los migrantes afectados por la dana para que no queden excluidos de la respuesta extraordinaria por los daños causados a la población.
En una carta remitida a la Secretaría de Estado de Migraciones y a la Secretaría de Estado de Trabajo, esas entidades, junto a Red Acoge, la Asociación Rumiñahui y Convive Fundación Cepaim, identifican las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes afectadas por la dana, como la de demostrar que cumplen con los requisitos necesarios o para la presentación de los documentos para la solicitud.
Las organizaciones de atención a los migrantes advierten de que las consecuencias económicas y sociales han dejado en evidencia la enorme desprotección de las personas en situación de irregularidad administrativa.
Reclaman medidas para facilitar su regularización como vía para proteger sus derechos y garantizar su seguridad, así como para flexibilizar los requisitos de quienes tienen que renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo.
Las entidades sociales inciden en la especial desprotección de quienes trabajan en la economía sumergida, sin contrato de trabajo, ya que no podrán acogerse a ninguna de las ayudas establecidas para proteger a las trabajadores.
Recuerdan que en sectores muy afectados por la dana «es habitual trabajar sin contrato, como aquellos en los que se insertan las trabajadoras de hogar y los cuidados, las personas trabajadoras del campo o de la construcción».
Por todo ello, «las entidades sociales consideran imprescindible que se adopten medidas extraordinarias que contemplen las necesidades particulares de la población migrante afectada por la dana y sus consecuencias, de modo que se garantice la protección de todas las personas, sin exclusiones», concluyen. EFE